El Ministerio de Educación Nacional envió una comunicación oficial al Ministerio del Interior y a la Alcaldía Mayor de Bogotá en la que solicita acciones urgentes para garantizar la protección de la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional y de su rector, Helberth Augusto Choachí González, ante las recientes situaciones de riesgo denunciadas públicamente.
En la carta, firmada por el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, se advierte sobre la preocupación institucional generada tras las amenazas denunciadas por el rector y la presencia de personas armadas ajenas a la comunidad universitaria dentro de las instalaciones de la sede de la calle 72, situación que llevó al cierre preventivo del campus por decisión del Consejo Académico.
El documento señala además que durante las últimas semanas se han presentado declaraciones públicas que, según el Ministerio, han contribuido a la estigmatización de la Universidad Pedagógica Nacional y de su comunidad académica. La comunicación advierte sobre los riesgos que históricamente han tenido este tipo de señalamientos para las universidades públicas en Colombia.
La carta retoma apartes del Informe Final de la Comisión de la Verdad, específicamente el Caso 52 sobre universidades y conflicto armado, en el que se documentan hechos de violencia y estigmatización contra comunidades universitarias del país. Allí se recuerda que cientos de estudiantes universitarios fueron asesinados entre 1962 y 2011 en medio de contextos de persecución y criminalización.
En ese sentido, el Ministerio de Educación hizo un llamado a las autoridades nacionales y distritales para actuar de manera inmediata y prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de estudiantes, docentes, trabajadores y directivos de la Universidad Pedagógica Nacional.
Entre las solicitudes realizadas, se encuentra la petición de una rectificación pública frente a afirmaciones que, según el documento, han desacreditado a los universitarios, así como la implementación de un perímetro civil de protección para las sedes de la Universidad. Asimismo, se solicitó al Ministerio del Interior activar la ruta de protección colectiva prevista en el Decreto 660 de 2018 y reforzar el esquema de seguridad del rector Helberth Augusto Choachí González.
El Ministerio también informó que remitió copia de la comunicación a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de activar mecanismos de seguimiento, investigación y garantías para la protección de la comunidad universitaria.
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